Gobierno armenio planea establecer nuevos requisitos para el vertido de aguas residuales industriales a partir de 2030

El Comité de Aguas del Ministerio de Administración Territorial e Infraestructura de Armenia presentó un proyecto de decisión para establecer requisitos para el vertido de aguas residuales industriales a un sistema centralizado de alcantarillado.

El proyecto establece las condiciones para el límite máximo de vertido de aguas residuales industriales, su tratamiento previo, neutralización y admisión al sistema centralizado de alcantarillado.

Las aguas residuales industriales vertidas al sistema de alcantarillado no deben interrumpir el funcionamiento de las redes y las estructuras de tratamiento, dañar las tuberías, contener sustancias que formen mezclas explosivas ni impedir el tratamiento biológico de las aguas residuales.

La temperatura de las aguas residuales no debe superar los 40 grados, y el contenido de partículas en suspensión y flotantes no debe superar los 500 miligramos por litro. Las aguas residuales industriales que no cumplan con los requisitos establecidos deberán ser tratadas a cargo de la empresa antes de su vertido al sistema centralizado.

Las aguas residuales que contengan contaminantes radiactivos, tóxicos o bacterianos deberán ser neutralizadas y desinfectadas previamente. Las aguas residuales ácidas o básicas deben neutralizarse o homogeneizarse para prevenir la corrosión de los colectores de alcantarillado y la interrupción del proceso de tratamiento biológico.

El borrador del proyecto también contempla considerar las aguas residuales tratadas como una fuente alternativa de agua y, de ser posible, utilizarlas para fines industriales u otros.

La normativa se elaboró ​​para aproximar la legislación armenia a los requisitos europeos para el tratamiento de aguas residuales urbanas estipulados en el Acuerdo de Asociación Integral y Reforzada entre Armenia y la Unión Europea.

Según la justificación, este proyecto contribuirá al tratamiento adecuado de las aguas residuales domésticas e industriales, a la gestión eficaz de los recursos hídricos y a la protección del medio ambiente.

En caso de aprobarse la decisión, no se prevén cambios en los ingresos ni en los gastos del presupuesto estatal, ni la necesidad de recursos financieros adicionales.

Se prevé que la decisión entre en vigor en 2030. El debate público sobre el proyecto continuará hasta el 5 de agosto de 2026.