Consejo Mundial de Iglesias condena el intento de confiscar bienes de la Iglesia Apostólica Armenia en Jerusalén
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El Consejo Mundial de Iglesias ha condenado el intento de las autoridades de Jerusalén de confiscar las propiedades del Patriarcado de la Iglesia Apostólica Armenia, subrayando que constituye una violación a la libertad religiosa y una amenaza a las comunidades cristianas de Jerusalén. El secretario general Jerry Pila señaló en su declaración que esta medida sienta un precedente peligroso.
"Condenamos esta acción como una flagrante violación a la libertad religiosa y al status quo histórico en la dirección de los lugares sagrados de Jerusalén", afirma la declaración.
Pillay enfatizó que el Patriarcado Armenio, junto con otras instituciones cristianas, ha preservado el patrimonio de Tierra Santa durante siglos, sirviendo como un faro de fe y justicia. Subrayó que las medidas coercitivas adoptadas no sólo constituyen una burla jurídica y moral, sino también un precedente peligroso que amenaza a todas las instituciones cristianas de Jerusalén.
"Este acto imprudente es parte de un patrón más amplio de represión, disputas de tierras e intimidación contra las comunidades cristianas, que el Consejo de Seguridad de la ONU ha condenado repetidamente", indicó Pillay.
El Consejo instó al Gobierno israelí a congelar inmediatamente los procedimientos de expropiación y mantener el statu quo internacionalmente reconocido en Jerusalén.
A su vez, el secretario general instó a la comunidad internacional y a los líderes religiosos y políticos a tomar medidas decisivas para proteger los derechos de las comunidades cristianas y preservar Tierra Santa como un lugar de paz y coexistencia.
El Patriarcado la Iglesia Apostólica Armenia de Jerusalén ha alertado de que las autoridades israelíes están intentando confiscar propiedades pertenecientes a la Iglesia armenia.
La Municipalidad de Jerusalén intenta incautar propiedades que han pertenecido a la Diócesis de la Iglesia Apostólica Armenia durante siglos y subastarlas para pagar las supuestas deudas comunitarias acumuladas desde 1994.